domingo, 2 de diciembre de 2012

Carta abierta a Marcelo Ebrard



México, D.F., diciembre 2, 2012.

Lic. Marcelo Ebrard Casaubón
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Presente

Quisiera no haber necesitado escribir esta carta, señor Jefe de Gobierno. Lamentablemente, me veo en la penosa obligación ética de enviársela. Espero atienda con prontitud la solicitud que en ella se incluye.
Ayer, 1º de diciembre, tomó protesta como presidente de México Enrique Peña Nieto, y por ese motivo, eminentemente político, muchos individuos, en pleno derecho de ejercer su libertad de palabra y expresión, acudieron a diversos puntos de la Ciudad de México a manifestar su inconformidad.
El despliegue policial que se realizó fue, desde mi punto de vista, un ejercicio abusivo del poder federal y del GDF. Sin embargo, lo más grave, es que la fuerza policiaca fue utilizada para reprimir a los manifestantes inconformes. La información que circuló en los medios de comunicación y en las llamadas redes sociales de internet fue confusa y ambigua. Lo que sí quedó claro desde el principio es que se suscitaron “enfrentamientos” que causaron severas lesiones a varios manifestantes, en su mayoría estudiantes de las diferentes instituciones del Distrito Federal y su zona conurbada.
Después,  la violencia se desbordó por varios puntos del llamado primer cuadro de la ciudad. No tengo la menor intención de discutir en estas líneas si existieron grupos de provocadores y/o porriles entre los manifestantes y si estos iniciaron o no las agresiones en contra de monumentos y edificios públicos y privados. Me parece que en todo caso eso le corresponde a la autoridad competente, que en este caso, usted dirige.
No soy abogado y, por lo tanto, mis argumentos no van a correr por ese sendero. Soy sociólogo y antropólogo social, así que quiero expresar mi punto de vista argumentando en esa línea. Sé que con ello no necesariamente abonaré a la causa estrictamente jurídica de los implicados en los “actos violentos” por los que intercedo. Pero apelaré a la sensibilidad política y ética que, estoy convencido, aún conserva, a pesar de los varios años de ejercicio de poder gubernamental que tiene en su trayectoria.
En primer lugar, la motivación inicial de las manifestaciones de ayer son de carácter político y en esa medida, toda persona que haya sido detenida por los hechos de ayer deben ser considerados, sin lugar a dudas, como detenidos políticos. Se argumentan e imputan daños a la propiedad pública, daños a la propiedad privada y ataques a la paz pública en pandilla.
Todo eso está muy bien. Sí, eso que los medios de comunicación ya nombran como “disturbios” del Centro Histórico, afectaron varios comercios y monumentos públicos. Sé que su gobierno se ha propuesto remozar y “regenerar” el Centro Histórico y que la recientemente remodela Alameda Centra sufrió “graves” daños al igual que algunos de los hoteles y negocios circundantes. No puedo más que lamentar que eso haya sucedido y que se estropeara el magnífico trabajo de remodelación y privatización que usted ha realizado a lo largo de estos años.
Pero no quiero desviarme. Regreso al punto fundamental. Por cualquier punto que se le quiera ver, las manifestaciones de ayer fueron motivadas políticamente y por lo tanto cualquier acción en su contra, incluida su detención y potencial reclusión deben considerarse como una reacción políticamente motivada. Y lo político debería de tratarse por los causes políticos. Lo he oído y leído muchas veces apelando al diálogo y a la negociación como únicas armas capaces de resolver los problemas que nos aquejan. No hace mucho declaró que el conflicto en la UACM sólo podría resolverse negociando y dialogando, y por ende evitando el uso de la fuerza y la intervención judicial y policiaca.
No veo, en ningún punto, que los daños generados por los “disturbios” de ayer no puedan ser remediados por las aseguradoras, un poco de solventes, unas escobas y algo más. Incluso supongo que eso ya está en marcha. Por ello, el que muchos individuos, entre ellos varios estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y en especial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se encuentren detenidos e incomunicados, me parece muy grave.
Con esto llego al punto medular de mi misiva. Quiero hacer referencia explícita a dos jóvenes que han sido detenidos y asilados en el Agencia del Ministerio Público Número 50 A, Adscrita al Sector Central Niños Héroes y Lavista. Ellos son Daniel Esquivel Sánchez y Ana Lilia Cancino Yepes. Son estudiantes de la carrera de sociología y fueron en algún momento mis alumnos. Los conocí y en todo momento me parecieron excelentes universitarios. No puedo saber con exactitud lo que el día de ayer hicieron estos dos alumnos, pero, como se lo he hecho saber, pienso que, dado el caso, no puede considerarse nada que no pueda ser resuelto materialmente.
Por ello, apelando a criterio político y a su propia voluntad de diálogo, es que lo emplazo a dar una muestra de tolerancia y de actitud política congruente con alguien que se hace llamar un demócrata y parte de un gobierno de izquierda. El paso que está dando su saliente administración podría acorralarlo en un callejón político sin salida. Está a tiempo de demostrar que tiene voluntad de “diálogo y negociación” si deja en libertad a estos jóvenes estudiantes y a todos los demás que fueron detenidos ayer, liberándolos de todos los cargos que se les quiere imputar.
Señor, Jefe de Gobierno, lo digo sin ambages, criminalizar y perseguir la protesta social, por más “violenta” y destructiva que le parezca, no es sino enturbiar las aguas de un país que se ya se mueve en lodazal de la violencia rampante y que ha causado miles de salvajes muertes y muchas más personas en la desolación. ¿Quiere usted abonar en ese sentido o está dispuesto a dialogar y negociar?
Pienso que escogerá lo segundo.
Por la libertad de Daniel Esquivel Sánchez.
Por la libertad de Ana Lilia Cancino Yepes.
Por la libertad de lo todos los detenidos el día 1º de diciembre.

Atentamente


Dr. Sergio Varela Hernández
Profesor de Asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México

viernes, 8 de junio de 2012

La larga cola de Televisa: la sucia forma en que se hicieron del predio del Estadio Azteca

En México es de todos sabido que Emilio Azcárraga Milmo, presuntuosamente apodado "El Tigre", estaba vinculado explícitamente al régimen priísta. En 1993, abiertamente "El Tigre" dijo ser "soldado del PRI" manifestando con ello la absoluta concordancia de intereses entre el Partido Revolucionario Institucional y Televisa. Casi podríamos decir que Televisa se constituyó en una de las instituciones primordiales del viejo régimen.

Los tiempos políticos cambiaron y el PRI perdió la presidencia de la república en 2000. Sin embargo, la larga historia de complicidades y corruptelas hechas al amparo del (y en algunas ocasiones impulsadas por el propio) Estado mexicano, han colocado a Televisa en el centro de los ataques impulsados por la sociedad civil, aún en su fase #YoSoy132.

La muy reciente incursión de un medio extranjero (The Guardian) en el debate sobre las triquiñuelas y negocios turbios de la élite mediática mexicana, encarnada en el clan Azcárraga, y relativos a sus intervenciones abiertamente manipuladoras en temas electorales, dan cuenta de una larga historia en este sentido.

Sé de la importancia que amerita desentrañar las intervenciones facciosas de Televisa a favor de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, quiero dirigir su atención a un asunto tal vez menos coyuntural y, en ese sentido, menos acalorado por situación electoral. Es un asunto añejado y casi olvidado, pero que demuestra con claridad la forma en que Televisa ha actuado, desdeñando la legalidad y actuando en contraposición a los intereses de la gente.

El tema es la forma en que Emilio Azcárraga Milmo se hizo de parte de los terrenos del Ejido de Santa Úrsula Coapa para después construir ahí el Estadio Azteca, uno de sus activos económicos y políticos más importantes.

I.

Como bien es sabido, hasta 1993, año de la contrarreforma agraria, la Ley Federal de la Reforma Agraria estipulaba que en su artículo 52 que: "Los derechos que sobre bienes agrarios adquieren los núcleos de población serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles y por tanto, no podrán en ningún caso ni en forma alguna enajenarse, cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o gravarse, en todo o en parte. Serán inexistentes las operaciones, actos o contratos que se hayan ejecutado o que se pretendan llevar a cabo en contravención de este precepto".

En el portal de la Federación Mexicana de Futbol, en su sección dedicada al Estadio Azteca se lee: "El Coloso de Santa Ursula, como también se le conoce al estadio por encontrarse ubicado en los antiguos terrenos ejidales del pueblo de Santa Úrsula Coapa" (negritas mías).

Surge inmediatamente la pregunta: ¿Cómo es posible que la ley estableciera que los derechos sobre bienes agrarios fueran inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles y al mismo tiempo pudieran ser adquiridos por un particular con fines de lucro?

Se podría pensar que el ejido pudo haber sido expropiado. No obstante, la misma Ley asentaba en su artículo 112: "Los bienes ejidales y los comunales sólo podrán ser expropiados por causa de utilidad pública que con toda evidencia sea superior a la utilidad social del ejido o de las comunidades". ¿Era la construcción de un estadio de futbol administrado por una empresa capitalista una causa justificada de "utilidad pública"? La respuesta es contundentemente negativa. La construcción de un estadio de futbol particular y con fines de lucro no es una causa que justifique la expropiación. De ahí que es imposible encontrar algún decreto expropiatorio por parte del ejecutivo federal en este sentido.

II.

En el año de 1962 el entonces presidente de la República Adolfo López Mateos dotó al ejido de Santa Úrsula Coapa en la delegación Coyoacán con 292 hectáreas. Sin embargo, la resolución presidencial fue publicada hasta octubre de 1975, sólo que adjudicando al ejido 249 hectáreas.

En el período que corre de 1962 a 1975, el Estadio Azteca fue construido a la par de generar una urbanización de gran escala en la zona aledaña. Las 43 hectáreas restantes quedaron en una especie de limbo jurídico y técnico-topográfico en el que la frase "nadie sabe, nadie supo" describe con precisión su situación.

No hay forma de documentar la manera en que esas 43 hectáreas "desaparecieron" de la dotación inicial, ya que es imposible consultar algún plano o documento técnico que precise su ubicación y destino final.

III.

El ejido promovió un juicio de amparo en 1989, número 854/89, en contra de cuatrocientas personas físicas, incluido Emilio Azcárraga Milmo. El motivo del amparo fueron las 43 hectáreas que quedaron en la indefinición jurídica.

Un "convenio" firmado por Emilio Azcárraga Milmo e integrantes del Nuevo Ejido Santa Úrsula Coapa es, sin embargo, una prueba contundente de la forma turbia y amañada, sino es que abiertamente ilegal, en que el dueño de la televisora actuaba. Firmado en julio de 1996 y avalado por el notario 91 Moisés Farca Charabati, el convenio establecía en su primera cláusula:

"El ejido acepta y reconoce irrevocablemente que el inmueble [Estadio Azteca], es de la exclusiva propiedad de [Emilio Azcárraga Milmo], que se encuentra fuera del área señalada por la resolución presidencial de 1962, y que aún cuando hubiese la posibilidad de que quedara incluida dentro de la misma, el ejido renuncia a ese presunto derecho, quedando compensado, en los términos que se señalan en la siguiente cláusula [es decir, $9,000,000], en consecuencia el ejido carece de interés jurídico sobre dicho inmueble, respetando los límites que tiene el citado bien, por lo que se tiene por debidamente cumplimentada la resolución presidencial en relación al propietario [Emilio Azcárraga Milmo], quedando obligado el ejido a desistir de la demanda de amparo 854/89 del Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa, en relación al propietario, sin reservarse acción o derecho alguno que ejercitar en su contra, o de sus [ilegible] sobre el multicitado bien, o a desistir en cualquier [ilegible] conducto de los mandatarios o de los órganos de representación de toda demanda que se promueva en los términos de los artículos 212, 213 y 231 de la Ley de Amparo".

La cláusula, sin ser abogado, es una verdadera joya de un convenio leonino y ajeno a cualquier precepto legal. Los núcleos agrarios no son sujetos a la renuncia de un derecho inalienable y menos aún si éstos son convocados por un particular.

Dejo a los abogados el análisis de este documento. Pero lo que es muy claro es la turbia historia de despojo que Televisa ha realizado no sólo del espacio aéreo y las ondas electromagnéticas con las que se han enriquecido, sino del espacio público territorial, como lo demuestra este caso.

(Sígueme en Twitter @sergivar)

Declaración de The Guardian sobre la cobertura de Televisa


The Guardian tiene el compromiso de reportar sobre asuntos en México y avalamos el artículo en cuestión

8 de junio de 2012.

Un vocero de Guardian Nwes & Media dijo: “The Guardian tiene el compromiso de reportar asuntos sobre México y respaldamos el artículo en cuestión. El reporte se basa sobre documentos dados a nuestra reportera, además de información que nos dio un ex trabajador de Televisa.

“En la nota, damos cuenta de que no es posible confirmar la autenticidad de los documentos –que le fueron entregados a The Guardian por una fuente que trabajó en Televisa. Sin embargo, The Guardian realizó comprobaciones extensas para confirmar que los nombres, fechas y situaciones mencionadas en el documento se dieron en concordancia con los eventos”.

“Con varios días de anticipación a la publicación, nos contactamos con Televisa acerca de los documentos y les perfilamos las acusaciones que contienen para darles la oportunidad de responder. Les ofrecimos ir a mayor detalle acerca de la información en los documentos, pero ellos declinaron responder si no veían alguno de los archivos. También buscábamos una categórica respuesta a la pregunta general de si la compañía alguna vez vendió algún tipo de cobertura en sus canales a clientes de la política, y un esclarecimiento de la relación entre Radar Servicios Especializados y Televisa. Nuevamente, Televisa declinó responder a las preguntas sin antes ver los archivos. Ahora tenemos la autorización de la fuente para mostrar los documentos y así lo hemos hecho en línea.

“Cualquier queja acerca de nuestro estilo periodístico tendrá que ser enviada e investigada por nuestro editor. En esta instancia y en seguimiento a una queja emitida por Televisa, hemos enmendado un elemento de la nota publicada en línea para esclarecer la cobertura de Televisa de las protestas realizadas el 10 de mayo. Esta rectificación será publicada el día de mañana. También le hemos ofrecido a Televisa la oportunidad de responder a las acusaciones en el artículo mediante una carta que sería publicada en el periódico”.

Traducción de Sergio Varela Hernández (Twitter @sergivar)

jueves, 7 de junio de 2012

Documentos electrónicos ligan sucios negocios de la TV al favorito a la presidencia en México. Se presume que la cadena de TV vendió cobertura favorable a importantes políticos

Documentos electrónicos ligan sucios negocios de la TV al favorito a la presidencia en México. Se presume que la cadena de TV vendió cobertura favorable a importantes políticos
Jo Tuckman Martes
7 de junio de 2012.

Documentos vistos por The Guardian aparentemente demuestran que la cadena de televisión más grande México le vendió a importantes políticos coberturas favorables en sus noticieros y shows de entretenimiento estelares y usaron los mismos programas para difamar al popular líder de la izquierda.

Los documentos (docenas de archivos electrónicos) salen a la luz sólo semanas antes de las elecciones presidenciales del 1º de julio y coinciden con el surgimiento de un enérgico movimiento de protesta que acusa a Televisa de manipular su cobertura a favor del candidato puntero, Enrique Peña Nieto (EPN). Los documentos, los cuales parecen haber sido creados hace varios años, incluyen:

• Un estimado de tarifas aparentemente cobradas para aumentar el perfil a nivel nacional de EPN cuando era gobernador del Estado de México.

• Una estrategia mediática detallada y explícitamente diseñada para atacar la anterior campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador, quien es actualmente el más cercano rival de EPN.

• Arreglos de pagos que sugieren que la oficina del anterior presidente Vicente Fox ocultó exorbitantes pagos con dinero público para promocionarse en medios.

A la par de que no ha sido posible confirmar la autenticidad de los documentos –que fueron entregados a The Guardian por una fuente que trabajó en Televisa- exhaustivas comprobaciones han demostrado que los nombres, fechas y situaciones mencionadas coinciden ampliamente con los eventos.

También hay evidencia que las acciones sí sucedieron. Las pruebas llegan en un momento crucial para EPN, el candidato del ideológicamente nebuloso Partido Revolucionario Institucional: recientes encuestas de opinión demuestran que su importante ventaja se ha erosionado mientras el papel de Televisa como un jugador relevante se ha convertido en un asunto principal para su campaña.

En un país en el que los lectores de periódicos son pocos y el alcance del Internet y la TV de cable está limitada a las clases medias, Televisa –y TV Azteca- ejercen una poderosa influencia sobre la política nacional. Televisa, el consorcio mediático más grande del mundo de habla hispana, controla cerca de dos tercios de la programación de la televisión mexicana.

Los documentos parecen haber sido desarrollados por Radar Servicios Especializados, una compañía de marketing dirigida por el vicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero. Contactada por The Guardian, Televisa declinó clarificar la relación entre Radar y la compañía o el rol de Quintero en las dos empresas sin antes ver los documentos.

Un vocero rehusó comentar acerca de las pruebas sin ver dichos documentos. “No podemos dar una opinión acerca de información y/o documentos que no conocemos”, dijo. Muchos de los documentos electrónicos vistos por The Guardian fueron guardados bajo el nombre de Yessica de Lamadrid, quien en esa época trabajaba para Radar y era amante de Peña Nieto. De Lamadrid dijo a The Guardian que ella cree que los documentos son falsos. Dijo que los proyectos de promoción en los que trabajó para políticos nunca fueron puestos a la venta.

Uno de los documentos es una presentación Power Point la cual explícitamente señala el objetivo de asegurar que “López Obrador no gane las elecciones de 2006”. Esa cerrada elección vio al candidato izquierdista perder una ventaja y terminar con un reclamo de su parte argumentando que había existido fraude.

Este documento fue creado presuntamente justo después de la medianoche del 4 de abril de 2005, horas antes de que el presidente Fox se entrevistó con los dueños de Televisa y TV Azteca. Fox estaba siendo cada vez más criticado por buscar el desafuero del entonces Jefe de Gobierno del DF, López Obrador, por un asunto menor.

El documento perfila las medidas de corto plazo para controlar la reacción ante el desafuero, tales como la declaración de un periodo de luto nacional por la reciente muerte del papa Juan Pablo II para distraer la atención del creciente rechazo.

Un día después, Fox hizo tal declaración de duelo. Estrategias de mayor alcance proponían “desmantelar la percepción pública que López Obrador es un mártir/salvador”, incrementando el número de noticias del crimen en la Ciudad de México y reeditando viejos casos de corrupción que involucraban a sus colaboradores.

El plan también preveía “la promoción de historias personales de celebridades de la farándula que hubiesen sido víctimas del crimen” y “obligando a los participantes del Big Brother a que hicieran lo mismo”. Algunas celebridades de Televisa lo hicieron, tanto en los programas de entretenimiento como el programa del Big Brother. El documento también aconseja que los guionistas del popular programa semanal llamado El Privilegio de Mandar debería hacer que el personaje representando a AMLO pareciera “torpe” e “inepto”. El episodio final del show, transmitido inmediatamente después de las elecciones de 2006 –cuando los resultados aún estaban pendientes- terminó con un discurso nada humorístico de un actor llamando a AMLO a aceptar la derrota.

Un ex empleado de Televisa, quien no es la fuente de los documentos, dijo a The Guardian que asistió a reuniones en la compañía en las que la estrategia anti-AMLO fue discutida. “Existió una estrategia y había un cliente que pagó mucho dinero”, dijo la fuente. La mayor parte de los otros documentos son estrategias y presupuestos asociados con el objetivo de promocionar clientes políticos a través de anuncios televisivos y programas.

Estos documentos incluyen tres hojas Excel intituladas “Enrique Peña Nieto: Presupuesto 2005-2006”, aparentemente creada al inicio de su gobierno en el Estado de México. Las tres hojas detallan cerca de 200 reportes en noticieros, entrevistas y presentaciones. La más reciente versión incluye el costo total de estos servicios en $346,326,750 pesos.

El último incluye una “reducción del 50%”. Un documento en papel que contiene las mismas cifras visto por The Guardian fue citado por López Obrador durante el debate presidencial el último mes, durante el cual AMLO repitió sus alegatos de que EPN es un producto televisivo. EPN y Televisa sugirieron que el documento- inicialmente publicado en la revista Proceso en 2005, era falso.

El documento fue obtenido por el reportero Jenaro Villamil quien ha rehusado decir el nombre de su fuente. En el pasado, Televisa ha acusado a Villamil de tener como misión ensuciar el nombre de la compañía. Interrogado si en alguna ocasión el Estado de México pago cobertura a Televisa, el equipo de campaña de EPN se negó a contestar la pregunta. En una respuesta escrita, David López, quien es el jefe de comunicación social de EPN y anteriormente tenía el mismo cargo en el gobierno del estado, dijo: “Durante el gobierno de EPN (2005-2011) no existió ningún contrato de ese tipo”. López añadió que “toda los contratos y actividades de publicidad y comunicación del gobierno y sus montos han sido transparentes y puestos en Internet”.

Los políticos mexicanos han sido criticados por sus puntosos gastos en promocionar sus logros durante sus administraciones, en medio de sospechas de contabilidades ingeniosas que encubren los costos reales al público. El experto en medios, Raúl Trejo Delabre, dijo que este tipo de prácticas detalladas en el documento no son ilegales en la ley mexicana, pero, de ser ciertas, serían poco éticas.

El único documento que detalla los servicios aparentemente otorgados se refieren a una campaña de TV para el quinto informe de gobierno del expresidentes Fox, en 2005. El documento describe una “cuota acordada” de 60 millones de pesos para cubrir la producción de seis anuncios de TV en los que Fox era presentado e incluía el entrenamiento para la aparición en medios de cinco secretarios y una serie de entrevistas con ellos.

La sección más controvertida se refiere a los arreglos para el pago de estos servicios, la cual sugiere una manipulación deliberada para ocultar los verdaderos costos. El documento dice que “como ha quedado acordado” a la oficina de la presidencia se le han cargado sólo 3 millones de pesos, añadiendo las facturas de los restantes 57 millones “cuando dicha oficina nos diga a qué otras partes del gobierno se les debe cargar”.

Los archivos también contienen propuestas, presupuestos y material promocional que involucra otros políticos, incluyendo al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado por una fiscalía estadounidense de lavado de dinero para un cartel de drogas. El abogado de Yarrington ha negado la acusación. Otro político mencionado en los documentos es el ex senador Demetrio Sodi, quien dice que no tiene conocimiento de una estrategia de promoción hecha por Radar poco antes de su fracasada candidatura para la Jefatura de Gobierno del DF.

Sodi dijo que es poco probable que el documento fuese falso, pero insistió en que él nunca pagó favores por cobertura televisiva. Sugirió que el documento podría haberse originado entre persona que, desconocidas por él, querían apoyar su candidatura. Ninguno de los políticos mencionados en los documentos quiso hablar con The Guardian.

La actual ola de protesta en contra de los sucios juegos de los medios se detonó el 10 de mayo cuando Televisa ignoró las protestas estudiantiles anti EPN en una universidad privada, mientras éste daba un discurso de campaña –y que después le dieron amplia cobertura a las acusaciones de que las protestas eran provocadas por buscapleitos no estudiantiles.

Un manifestante recientemente llevaba una pancarta que decía: “Ni mi madre me manipula tanto como Televisa”.

Mientras los manifestantes aducen distorsión, Televisa ha intentado probar que su cobertura es balanceada. Ahora cubre las protestas detalladamente y sus periodistas estrellas recientemente entrevistaron duramente a EPN. La cadena ha anunciado que también transmitirá el próximo debate del 10 de junio en su canal más popular, el cual transmitió durante el primer debate un programa de talentos.

El ex empleado de Televisa dijo que mientras la cadena estaba feliz de promocionar a EPN cuando “él era su mejor producto”, esto no necesariamente se traduce en un compromiso de largo plazo. La fuente apuntó que antes de la campaña negra en su contra, López Obrador se encontraba en buenos términos con la cadena. “Nunca se debe perder de vista el hecho de que esto es un negocio. La lealtad es a la posición, no a la persona”.

Traducción de Sergio Varela Hernández (Twitter @sergivar)

Del original: http://www.guardian.co.uk/world/2012/jun/07/mexico-presidency-tv-dirty-tricks